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Decenas de miles de afganos han podido venir a Estados Unidos desde que el gobierno se derrumbó y los militares estadounidenses se retiraron caóticamente hace dos años. Y desde que Rusia invadió Ucrania el año pasado, más de 100,000 ucranianos han sido admitidos en Estados Unidos en virtud de un programa de libertad condicional que sigue el modelo del que se aplica a los afganos.
A raíz de las emergencias en ambos países, el Congreso aprobó leyes que permitían a afganos y ucranianos trabajar de inmediato al llegar aquí, al menos durante 90 días. Eso daba tiempo a que se tramitaran sus solicitudes de permisos de trabajo permanentes.
Pero en octubre pasado, cuando la administración de Biden puso en marcha un programa similar de del proceso probatorio de la administración de Biden para ayudar a las personas a escapar de las crisis políticas y económicas en América Latina y el Caribe, hubo una diferencia importante.
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El derecho automático a trabajar legalmente en Estados Unidos no se extendió a las más de 240,000 personas que han llegado aquí en el último año bajo el nuevo programa de libertad condicional. Se puso en marcha para los venezolanos hace un año esta semana, y en enero se abrió también a las personas procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua.
Dado el enorme retraso del gobierno federal en la tramitación de solicitudes, algunos inmigrantes esperan meses para trabajar legalmente o encuentran trabajos clandestinos para salir adelante. Es una realidad estresante para ellos y para las personas que aceptaron patrocinarlos y responsabilizarse económicamente de ellos.
Más de 400,000 recién llegados a Estados Unidos –una cifra que incluye a los inmigrantes que han llegado aquí por todos los métodos– llevan esperando más de seis meses para obtener permisos de trabajo, según los datos federales más recientes.
"Como mínimo, nos gustaría que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos tuvieran la misma elegibilidad para trabajar que tienen los afganos y ucranianos para que al menos puedan empezar a trabajar y, con suerte, puedan recibir su tarjeta de autorización de empleo para cuando se cumplan esos 90 días", dijo Cecilia Esterline, analista de investigación de inmigración en el Niskanen Center, un grupo de análisis no partidista en DC.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo a WLRN que la razón por la que se permitía a los afganos y ucranianos trabajar sin permiso durante 90 días era que el Congreso había consagrado explícitamente ese derecho en la ley. El nuevo programa de libertad condicional y otras medidas adoptadas por la administración de Biden, por el contrario, son medidas ejecutivas basadas en interpretaciones de leyes existentes. Por eso muchos estados, entre ellos la Florida, están impugnando el programa de libertad condicional ante los tribunales federales.
Una posible solución para acelerar la tramitación, según Esterline, sería usar la misma documentación que se presenta para obtener la libertad condicional humanitaria como formulario de autorización de trabajo. Actualmente, las personas en libertad condicional deben presentar los documentos del permiso de trabajo por separado, después de su llegada.
Los funcionarios federales "no tendrían que ocuparse de dos documentos distintos para cada persona que llega. Y eso sería un gran paso", dijo.
Esa idea fue destacada y recomendada en un informe de junio del organismo de control interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El ombudsman del USCIS, Nathaniel Stiefel, también argumentó que usar los mismos documentos para el permiso humanitario y la autorización de trabajo agilizaría el proceso.
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Los cientos de miles de personas que llegan a Estados Unidos en virtud del programa del proceso probatorio de la administración de Biden están llevando la carga de trabajo del personal del USCIS a un punto de ruptura, dijo Esterline, por lo que es aún más importante reducir la cantidad de papeleo que el personal procesa.
Los beneficiarios de del proceso probatorio de la administración de Biden no suelen pagar tarifas al USCIS, una dependencia que se financia principalmente mediante tarifas, a diferencia de los fondos procedentes directamente del Congreso.
"Cuando tienen esta rápida expansión de los programas humanitarios por los que no se pagan tarifas, la organización se ve sometida a una gran presión", dijo. "Es estupendo que tengamos estos programas humanitarios, pero es difícil cuando no tenemos la infraestructura sistémica para respaldarlos".
El retraso en la concesión de permisos de trabajo ha provocado críticas a la administración de Biden incluso por parte de aliados demócratas, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.
"Demócratas y republicanos me han pedido ayuda para colocar a estos inmigrantes en empleos, puestos de trabajo que llevan demasiado tiempo sin cubrir", declaró Hochul en una conferencia de prensa en agosto.
El estado está recibiendo un gran número de inmigrantes, incluidas personas que solicitan asilo y algunos que han llegado en virtud del programa de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Mientras los recién llegados no puedan trabajar y labrarse su propio futuro, afirmó Hochul, están suponiendo una sangría para los recursos de Nueva York.
Para ayudar al gobierno estatal, a la Ciudad de Nueva York y a la economía en general, Hochul presionó a la Casa Blanca para que agilizara los permisos de trabajo.
"Para mí, la respuesta a estas dos crisis –esta crisis humanitaria y nuestra crisis de mano de obra– es tan clara como el cristal y de sentido común: Que obtengan las autorizaciones de trabajo. Que trabajen legalmente. Que trabajen", dijo Hochul.
Empezar una nueva vida con dignidad
En septiembre, en respuesta a la presión de Hochul, la administración de Biden amplió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio. Los venezolanos tienen que solicitar el estatus y, si son aceptados, se abre una vía distinta para obtener un permiso de trabajo.
Casi 500,000 venezolanos pudieran ser elegibles para la reasignación del TPS, incluidos más de 55,000 venezolanos que llegaron a través del del proceso probatorio de la administración de Biden desde octubre pasado.
La capacidad de trabajar es una parte vital para comenzar una nueva vida con dignidad en Estados Unidos, dijo Samuel Vilchez Santiago, que es venezolanoamericano y vive en Orlando. Él patrocina a una tía y a un primo procedentes de Venezuela a través del proceso probatorio de la administración de Biden. Sus padres apadrinan a otros dos primos.
El día que habló con WLRN, dijo que los permisos de trabajo para dos de sus primos acababan de llegar por correo, después de cuatro meses de espera.
"Todavía no lo saben. Tengo que llamarles", dijo con entusiasmo. "Llevaban un mes preguntando si les habían dado el permiso".
Los permisos de trabajo supondrían un cambio radical para ellos, predijo. Desde que recibieron sus permisos, sus primos han encontrado empleo, dijo a WLRN.
"Y ahora también van a poder crear su propio camino dentro de nuestra comunidad, lo que significa encontrar vivienda y encontrar sus propias maneras de sostenerse y luego también crecer personal y profesionalmente", dijo Vilchez Santiago.
Profesionalmente, Vilchez Santiago trabaja con la American Business Immigration Coalition, un grupo activista a favor de los inmigrantes. La economía estadounidense necesita claramente más trabajadores, dijo. Entre más pronto todos los que están esperando obtengan sus permisos de trabajo, mejor para todos. Inmigrantes en libertad condicional ya están ocupando empleos clave en la Florida.
"Necesitamos mano de obra", dijo. "Son empleos que quizá no sean los mejor pagados, pero algunos de ellos están ganando $15, $20 la hora en industrias clave como la construcción, la hospitalidad y el comercio minorista".
Vilchez Santiago calificó el programa del proceso probatorio de la administración de Biden como una victoria para todos.
Es "una victoria para las personas apadrinadas, una victoria para nuestra economía, pero también una victoria para las personas que están reunificando a sus familias a través de este programa".
Para los migrantes desesperados por escapar de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y para la campaña de reelección del presidente Biden, hay incertidumbre del futuro. En la serie de WLRN News “Waiting for America,” analizamos en profundidad un programa de proceso probatorio de Biden — un año después que se lanzó — para miles de personas de países de América Latina y el Caribe devastados por crisis. Y analizamos una política de inmigración clave de la administración del presidente de Estados Unidos.
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